1. Alquileres temporales
El contrato debe responder a una causa real y acreditable de desplazamiento temporal —por ejemplo, trabajo o estudios— y expresar esa causa. Como regla general, la duración debe superar 31 días y no exceder 12 meses.
Si la duración supera 12 meses sin justificación o se encadenan más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el arrendamiento puede considerarse de vivienda habitual desde el primer contrato. La norma también regula expresamente los alquileres por habitaciones.
Los contratos temporales celebrados antes de la entrada en vigor continúan bajo el régimen anterior hasta la fecha pactada; al terminar, se extinguen sin posibilidad de prórroga conforme a esa disposición transitoria. Los contratos renovados se rigen por las nuevas reglas.
2. Límites y actualización de la renta
En las zonas de mercado residencial tensionado se aplican los límites legales correspondientes. No pueden añadirse cuotas o conceptos nuevos para superar el límite aplicable. En alquileres por habitaciones, la suma de las rentas vigentes simultáneamente no puede superar la renta de la vivienda completa.
Para las actualizaciones cuya anualidad venza entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el máximo aplicable según el sistema de índices de referencia no procede incremento. En los demás casos puede pactarse una actualización y, si no hay un nuevo acuerdo, el incremento no puede superar el 2 %. El IRAV opera además en los supuestos previstos por la LAU.
3. Gastos que pueden repercutirse
- No se pueden cargar al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria ni de formalización del contrato.
- No se le pueden imponer tributos asociados a la vivienda, salvo que sea la persona obligada tributaria.
- En edificios que no estén en régimen de propiedad horizontal no se pueden repercutir gastos de comunidad.
- Los gastos generales que puedan pactarse deben constar por escrito y cumplir los requisitos legales.
4. Reparaciones y mantenimiento
El propietario sigue obligado a conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad. En vivienda habitual, cuando haya daños que afecten a la habitabilidad, seguridad o salubridad, el inquilino puede requerir por escrito la reparación y adjuntar un presupuesto razonable. El arrendador dispone de 15 días naturales para aceptar el presupuesto, proponer otra reparación o ejecutarla. Si no responde o se niega sin justificación, la ley permite al inquilino realizar la reparación y descontar su importe de rentas futuras, si el coste es razonable y está documentado.
En una vivienda temporal, el arrendador debe responder en un máximo de 5 días hábiles al aviso de reparaciones. Si no lo hace, la norma prevé que el inquilino pueda realizar la reparación necesaria y reclamar el importe en los términos legales.
5. Desistimiento, garantías y entrega
- Vivienda habitual: el inquilino puede desistir una vez transcurridos al menos 6 meses, con 30 días de preaviso.
- Vivienda temporal: puede desistir tras el primer mes, con 10 días de preaviso.
- Si se cumplen esos requisitos, el desistimiento no genera derecho a indemnización para el propietario.
- Las garantías adicionales no pueden superar una mensualidad en los alquileres temporales ni dos mensualidades en determinados contratos de vivienda habitual. No se puede exigir contratar un seguro de impago u otra cobertura análoga.
- Al finalizar el alquiler, las partes deben firmar un documento que refleje el estado de la vivienda. Si no se firma o no constan desperfectos, se presume que se entregó en buen estado, salvo prueba en contrario.
6. Prórroga extraordinaria de contratos
Algunos contratos de vivienda habitual vigentes pueden prorrogarse, si lo solicita el inquilino y se cumplen las condiciones legales, por anualidades hasta un máximo de dos años adicionales. La prórroga se dirige a contratos cuyo periodo obligatorio, tácito o de tácita reconducción finalice antes del 31 de diciembre de 2028. El inquilino debe estar al corriente del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. Hay excepciones y una prórroga legal preferente que puede resultar incompatible.
7. Desahucios y personas vulnerables
Se amplían las medidas de protección para personas vulnerables sin alternativa habitacional. En ciertos procedimientos puede acordarse la suspensión del lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2030. La duración, revisión, compensaciones y excepciones dependen de quién demanda y de las circunstancias del caso. En algunos procedimientos por impago también se prevé que la Administración ofrezca una alternativa habitacional o asuma las cantidades reclamadas dentro del plazo legal.
8. Anuncios, grandes tenedores y adquisiciones
Los anuncios de alquiler deben ser claros e incluir, cuando corresponda, el índice de referencia, el límite de renta aplicable, la identificación de la vivienda y si la parte propietaria es gran tenedora.
Con carácter general, se considera gran tenedor quien tenga más de 10 inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 m² residenciales, excluidos garajes y trasteros. En zonas tensionadas, la comunidad autónoma puede particularizar el umbral desde 5 viviendas en los términos previstos por la ley; esta condición debe acreditarse con certificación registral.
La limitación de adquisiciones por debajo del 70 % del valor de mercado hasta 2030 afecta a determinados operadores y grandes tenedores en los supuestos definidos por la norma; no se aplica de forma general a cualquier comprador.
Normativa y fuentes oficiales
Contenido informativo general. La aplicación depende de la fecha y el tipo de contrato, la ubicación de la vivienda y las circunstancias de las partes. Para revisar un caso concreto, consulta el texto oficial y la normativa catalana vigente.